La política costarricense: negocio de unos pocos

Costa Rica siempre se ha presentado ante el mundo como una democracia sólida, con instituciones que funcionan y un Estado de bienestar que ha servido de ejemplo para la región. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas la percepción ciudadana se ha deteriorado. Cada nuevo escándalo parece confirmar lo que muchos sospechan desde hace años: hay quienes usan la política para hacer negocios. Este artículo repasa hechos y cifras que muestran cómo, poco a poco, el poder público ha ido convirtiéndose en un negocio para unos pocos.

Un Estado que fue empresa social… y ahora se vende como gangas

En el siglo XX, Costa Rica apostó por un Estado empresario que administrara monopolios estratégicos en beneficio del conjunto de la población: la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) se fundó en 1850 para frenar la venta de licores adulterados y fomentar la industria cañera; el Instituto Nacional de Seguros (INS), creado en 1924 como monopolio estatal de seguros, generaba grandes excedentes para financiar proyectos sociales Estas instituciones no se diseñaron para enriquecer a políticos sino para garantizar salud, educación y desarrollo.

Esa visión comenzó a cambiar con la apertura comercial y las ideas neoliberales. En agosto de 2024, el Semanario Universidad denunciaba cómo el presidente Rodrigo Chaves y un grupo de empresarios ponían precio a activos públicos como el Banco Internacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica, la Refinadora Costarricense de Petróleo y el propio INS. Quien escribía la nota recordaba las palabras del expresidente Rodrigo Carazo, quien pedía “corregir la corrupción” antes de querer vender lo que es de todos”. La venta de empresas públicas por precios de ganga y sin debates profundos exhibe cómo la política puede usarse para beneficiar a compradores privados mientras el país pierde patrimonio y los servicios se encarecen. No es casualidad que muchos de los promotores de estas privatizaciones sean empresarios o financiadores de campañas.

Cronología de escándalos: de la Trocha a Cochinilla

La historia reciente está plagada de casos que muestran la conexión entre empresas, políticos y decisiones públicas:

La Trocha fronteriza (2012)

La “Trocha fronteriza” fue un proyecto de emergencia para construir la ruta 1856 a lo largo del río San Juan. Una década después todavía no hay sentencia. Según Teletica.com, el Ministerio Público acusa a 26 personas, incluidos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y empresarios, por peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito. El perjuicio económico se estima en más de ₡1 200 millones. La obra nunca se terminó, pero sí sirvió para desviar fondos públicos y repartir contratos entre empresas amigas.

El Cementazo (2017)

Con la venta de cemento chino como excusa, un empresario importador obtuvo del Banco de Costa Rica un crédito de $30 millones para romper el monopolio de Holcim y Cemex. El “Cementazo” involucró a los tres poderes de la República. La Procuraduría de la Ética Pública demandó $10 millones a los nueve imputados y cuatro sociedades anónimasteletica.com. La investigación evidenció cómo magistrados, diputados y directivos de bancos favorecieron a la empresa Sinocem a cambio de favores, viajes y donaciones. A pesar del escándalo, años después el caso seguía sin sentencias firmes.

Cochinilla, Diamante y Azteca (2021)

El 14 de junio de 2021 estalló el Caso Cochinilla. El Organismo de Investigación Judicial realizó decenas de allanamientos en las constructoras Meco y H Solís, el Ministerio de Obras Públicas y el Conavi. La investigación reveló una red de sobornos en el sector vial: empresarios pagaban dinero, autos y hasta “servicios sexuales” a funcionarios para asegurarse contratos millonarios. Una crónica de Divergentes calculó la malversación en $127 millones y explicó que casi 600 agentes allanaron 57 oficinas para recabar pruebas. Tanto el dueño de Meco, Carlos Cerdas, uno de los hombres más ricos de Centroamérica, como Mélida Solís de H Solís, fueron detenidos, aunque luego quedaron en arresto domiciliario. El caso puso de manifiesto cómo dos empresas controlaban el 80 % de los contratos de mantenimiento vialdivergentes.com gracias a sus vínculos políticos.

Ese mismo año se destapó el Caso Diamante. Cientos de agentes detuvieron a los alcaldes de San José, Cartago, Alajuela, Osa y San Carlos acusados de recibir sobornos para facilitar contratos de obras públicasteletica.com. Aunque todos quedaron libres, la investigación mostró que la constructora Meco actuaba como “facilitadora” de favoresteletica.com.

Paralelamente se investigó el Caso Azteca, una red donde narcotraficantes creaban empresas de construcción para participar en licitaciones. Con ayuda de funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ganaban contratos y lavaban dinero: se estima que obtuvieron entre ₡700 y ₡800 millones en 17 licitacionessemanariouniversidad.com. Más de 14 funcionarios del AyA fueron detenidossemanariouniversidad.com. Este caso mostró cómo estructuras criminales infiltraron las instituciones para lavar capitales mediante contratos públicos.

Más allá de 2021: elites alteradas y exministros narcos

El periodista Álvaro Murillo describió en Nueva Sociedad cómo el Caso Cochinilla sacudió al país porque uno de los mayores contratistas del Estado, Meco, “manejaba a toda la burocracia que necesitaba para ser el principal proveedor”nuso.org. Horas de escuchas telefónicas mostraron cómo el empresario coordinaba sobornos, y aunque fue detenido, pagó una fianza de 5 millones de dólares y luego obtuvo prisión domiciliarnuso.org. El artículo subrayaba que el Poder Judicial funciona, pero los millonarios tienen recursos legales y conexiones para reducir las consecuenciasnuso.org.

Los escándalos no pararon ahí. En julio de 2025, la organización InSight Crime reveló que el exministro de Seguridad Celso Gamboa había sido arrestado tras una solicitud de extradición de Estados Unidos. La acusación señalaba que el exministro coordinaba la recepción de cocaína del Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa, y que aseguraba tener la capacidad de importar cargamentos con ayuda del gobierno de Rodrigo Chavesinsightcrime.org. El texto recordaba que se aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses vinculados al narcotráficoinsightcrime.org. Además, la corte suprema solicitó al Congreso retirar la inmunidad del presidente Chaves por casos de corrupción relacionados con consultorías del Banco Centroamericano de Integración Económicainsightcrime.org.

En junio de 2025, la fiscalía acusó formalmente al presidente Rodrigo Chaves y a seis funcionarios (entre ellos el vicepresidente y varios diputados) por utilizar un fideicomiso privado y cuentas bancarias para financiar su campaña de 2022 al margen del Tribunal Supremo de Elecciones. La acusación solicita levantar su inmunidad para llevarlos a juicioapnews.com. La fiscalía sostiene que estas estructuras operaron al margen de la ley electoral, afectando la transparencia y la integridad del procesoapnews.com. Aunque la defensa alega que no se usó dinero público, el hecho de que el financiamiento se manejara en cuentas privadas revela una vez más cómo el poder político puede mezclarse con intereses particulares.

¿Por qué la política se volvió negocio?

Los casos expuestos muestran patrones recurrentes:

1. Concentración de contratos: En obra pública, un puñado de empresas acapara la mayoría de contratos. Meco y H Solís obtuvieron el 80 % de los contratos viales gracias a dádivasdivergentes.com. Cuando las licitaciones están amañadas, la competencia desaparece y quienes pagan sobornos recuperan su “inversión” con sobreprecios.
2. Financiamiento opaco de campañas: La fiscalía afirma que el presidente Chaves financió su campaña con un fideicomiso privado que no fue supervisado por el Tribunal Supremoapnews.com. Si las campañas se financian con dinero de empresarios o con fondos de origen desconocido, los funcionarios electos terminan debiendo favores y asignando puestos o negocios a sus patrocinadores.
3. Puertas giratorias: El Semanario Universidad denunció que grupos empresariales celebran tener a un “amigo venido del Banco Mundial” en la presidencia para vender empresas públicassemanariouniversidad.com. En otros casos, exministros como Alfredo Volio (del “Cementazo”) defendían acuerdos comerciales mientras lideraban ministerios que regulaban sus propios negociosanep.cr. La línea entre servidor público y empresario desaparece cuando se utilizan cargos para beneficiar empresas propias o amigas.
4. Impunidad y justicia lenta: Según una investigación citada por Divergentes, solo 7 % de los expedientes por corrupción en Costa Rica llega a sentenciadivergentes.com. El caso Cementazo lleva ocho años sin condenas firmesteletica.com y el de la Trocha once añosteletica.com. La lentitud de los procesos y el uso de recursos legales favorecen a los acusados con dinero para pagar abogados.
5. Infiltración del crimen organizado: El caso Azteca demostró que narcotraficantes lavaban dinero mediante licitaciones públicassemanariouniversidad.com. El arresto de Celso Gamboa mostró que redes de narcotráfico buscan influir en altos cargos para asegurar rutas de drogasinsightcrime.org. Cuando el crimen organizado logra introducirse en la política, la seguridad nacional se ve comprometida.

Las consecuencias para la ciudadanía

Las consecuencias de estos “negocios” son palpables en la vida diaria. Cuando un empresario logra contratos mediante coimas, el costo de la obra se infla y la infraestructura se deteriora. La Ruta 1856 sigue inconclusa pese a los millones invertidos, las carreteras se construyen con materiales de baja calidad, el agua potable en algunas comunidades está contaminada porque las obras del AyA se adjudicaron a empresas fachada. Mientras tanto, se recortan presupuestos para salud y educación y se plantea vender empresas públicas que generan ingresos al Estadosemanariouniversidad.com.

Además, la desconfianza erosiona la participación ciudadana. Cuando la gente ve que alcaldes, diputados y ministros se enriquecen mientras las denuncias caen en saco roto, surgen el desencanto y la apatía. Las elecciones se convierten en meros trámites si todos los partidos están salpicados por empresarios. El riesgo es que la corrupción se normalice y que cada nueva denuncia provoque un bostezo en vez de indignación.

¿Hay luz al final del túnel?

Pese al panorama sombrío, hay elementos para la esperanza. Las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial y de la Fiscalía han destapado redes complejas y han enviado a prisión preventiva a algunos de los empresarios más poderosos del paísdivergentes.com. La reforma constitucional que permite extraditar a costarricenses ligados al narcotráfico y el arresto del exministro Gamboa muestran que la institucionalidad se adaptainsightcrime.org. La solicitud para levantar la inmunidad al presidente Chaves evidencia que, al menos en teoría, nadie está por encima de la leyapnews.com.

La ciudadanía también ha respondido. Tras el Cementazo, las protestas obligaron a magistrados y diputados a renunciar. En 2021, la presión mediática por Cochinilla y Diamante obligó a las constructoras a aceptar medidas cautelares y al gobierno a promover reformas para limitar la reelección de alcaldessemanariouniversidad.com. La sociedad civil, con organizaciones como Costa Rica Íntegra, impulsa leyes de transparencia y participa en observatorios de obras públicas. La lucha es desigual, pero existe.

Conclusión: no se puede dudar

La evidencia es clara: en Costa Rica la política se ha convertido, en demasiadas ocasiones, en un negocio para unos pocos. Desde la venta de empresas públicas en oferta, pasando por la cooptación de obras viales, los financiamientos opacos de campañas y la infiltración del narcotráfico, los hechos muestran un patrón. No se trata de cuentos conspirativos; son casos con documentos, allanamientos, detenciones y cifras que cualquiera puede consultarteletica.comdivergentes.com.

Para la persona de a pie, entender estos casos no debería ser complicado. Son historias de cómo unos cuantos aprovecharon su acceso al poder para amasar fortunas mientras la mayoría sigue esperando carreteras decentes y hospitales sin listas de espera. La frase “politica negocio de unos pocos” deja de ser un eslogan cuando se ven las pruebas. Y aunque la impunidad aún es la regla, la ciudadanía no debe resignarse. Como dijo un exmandatario, “corrijamos esa corrupción antes de vender lo que es de todos”semanariouniversidad.com. La tarea es grande, pero el primer paso para combatir el abuso es nombrarlo sin miedo y exigir que los responsables, sean quienes sean, respondan ante la ley.